Una considerable cantidad de evidencia nos dice sobre una terrible historia de mutilación y
asesinatos en China. Informes de testigos y médicos chinos revelan que practicantes de Falun Gong
han sido asesinados por sus órganos, los cuales son vendidos y trasplantados a precios exorbitantes
en el comercio de trasplantes.
Los perpetradores son los funcionarios del Partido Comunista Chino, que actúan en colaboración con
cirujanos, autoridades de las prisiones y oficiales del ejército. Las víctimas son retenidas en
campos de concentración antes de que les extirpen sus órganos, después sus cuerpos son incinerados
inmediatamente.
En febrero de 2017 se presentaron en el Congreso de los Diputados 251.000 firmas recogidas en España
contra la persecución y la extirpación forzada de órganos a Falun Gong. La Resolución del Parlamento
Europeo de 18 de enero de 2024 "pide a la Unión y a sus Estados miembros que condenen públicamente
los abusos del trasplante de órganos en China..."
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Extirpación forzada de órganos
Evidencias de una terrible historia de mutilación y asesinatos en China
Extirpación de órganos
Se revelan las atrocidades
Asesinados por sus órganos
La historia fue revelada por primera vez en marzo de 2006, cuando una mujer denunció que alrededor
de 4000 practicantes de Falun Gong habían sido asesinados por sus órganos en el hospital donde ella
trabajaba. También dijo que su esposo, un cirujano en el mismo hospital en las afueras de la ciudad
de Shenyang, le contó a ella que él les había sacado las córneas a unos 2000 cuerpos vivos de
practicantes de Falun Gong.
Una semana después, un médico militar chino no solo corroboró la historia de la mujer, sino que dijo que estas atrocidades estaban ocurriendo en 36 campos de concentración diferentes de todo el país. El más grande, dijo, retenía 120 mil personas. Dijo que fue testigo de cómo transportaban practicantes de Falun Gong masivamente por todo el país en trenes para ganado, por la noche y bajo estricta seguridad.
Simpatizantes de Falun Gong y activistas de derechos humanos comenzaron inmediatamente a investigar los alegatos. Hicieron llamadas a hospitales chinos pretendiendo ser compradores de riñones o hígados. Para su horror, uno tras otro, los médicos confirmaron abiertamente: tenemos stock de Falun Gong; simplemente vengan y pueden tener su órgano en una semana.
Una semana después, un médico militar chino no solo corroboró la historia de la mujer, sino que dijo que estas atrocidades estaban ocurriendo en 36 campos de concentración diferentes de todo el país. El más grande, dijo, retenía 120 mil personas. Dijo que fue testigo de cómo transportaban practicantes de Falun Gong masivamente por todo el país en trenes para ganado, por la noche y bajo estricta seguridad.
Simpatizantes de Falun Gong y activistas de derechos humanos comenzaron inmediatamente a investigar los alegatos. Hicieron llamadas a hospitales chinos pretendiendo ser compradores de riñones o hígados. Para su horror, uno tras otro, los médicos confirmaron abiertamente: tenemos stock de Falun Gong; simplemente vengan y pueden tener su órgano en una semana.
Estremecidos por estas noticias, dos prominentes abogados de derechos humanos canadienses lanzaron su
propia investigación. En julio de 2006, el ex secretario de estado para Asia-Pacífico David Kilgour y el
abogado de derechos humanos David Matas publicaron su informe de 140 páginas, el cual concluía:
“Llegamos a la lamentable conclusión de que los alegatos son ciertos”. Su investigación también concluía
que un gran número de órganos trasplantados en China desde que comenzó la persecución en 1999, no
podrían haber sido provistos por donantes voluntarios o prisioneros ejecutados.
Ver informe completo de organharvestinvestigation.net
Ver informe completo de organharvestinvestigation.net
Se dice que los funcionarios del PCCh están apresurados por destruir toda la evidencia. Organizaron
visitas guiadas y eliminaron los sitios web que publicitaban la venta de órganos (aunque no lo
suficientemente rápido ya que los investigadores lograron conseguir capturas de pantalla de éstos).
Un sitio web chino ostentaba que podía proveer un órgano compatible entre 1 y 4 semanas, lo cual
según médicos expertos es imposible a menos que los hospitales chinos tuvieran acceso a un gran
banco de “donantes” de órganos vivos.
Poco después de que los informes de extirpación de órganos salieron, los líderes del partido anunciaron una nueva legislación que prohibía el uso de órganos sin consentimiento. Tiempo después, esta ley no parece haber sido implementada para nada, afirmando a aquellos que dijeron que la legislación no era más que un discurso para la opinión pública internacional.
Poco después de que los informes de extirpación de órganos salieron, los líderes del partido anunciaron una nueva legislación que prohibía el uso de órganos sin consentimiento. Tiempo después, esta ley no parece haber sido implementada para nada, afirmando a aquellos que dijeron que la legislación no era más que un discurso para la opinión pública internacional.
Estimaciones de precios en el mercado negro
El Tribunal de China se constituyó en Londres en 2018 y estuvo integrado por: Sir Geoffrey Nice,
consejero del rey (presidente); el profesor Martin Elliott; Andrew Khoo; Regina Paulose; Shadi Sadr;
Nicholas Vetch y el profesor Arthur Waldron.
Conclusión breve de la sentencia del Tribunal de China
En diciembre de 2018 el Tribunal emitió una sentencia provisional:
"Los miembros del Tribunal tienen la certeza -unánime y segura más allá de toda duda razonable- de
que en China se ha practicado la extracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia durante
un período de tiempo considerable que ha afectado a un número muy considerable de víctimas."
Desde entonces, el Tribunal se ha enfrentado a una omnipresente cultura de secretismo, silencio y
ofuscación por parte de la República Popular China en relación con gran parte del material que
podría haber ayudado a determinar si la extracción forzada de órganos se ha producido en China. El
Tribunal no se ve disuadido ni incapacitado para llegar a una conclusión adecuada sobre la base de
las pruebas disponibles.
La reputación de China como un flagrante violador de los derechos humanos no ha influido en el
Tribunal a la hora de llegar a una conclusión adecuada. El Tribunal ha adoptado un proceso para su
trabajo que salvaguarda un enfoque imparcial de los intereses de la República Popular China (RPC).
El Tribunal ha solicitado contribuciones de la RPC en cada etapa.
El Tribunal ha considerado pruebas, en sus múltiples formas, y ha tratado cuestiones individuales de
acuerdo con las pruebas relativas a cada cuestión y nada más, llegando así a una serie de
conclusiones que están libres de cualquier influencia causada por la reputación de la RPC u otras
causas potenciales de perjuicio.
Estas conclusiones fueron las siguientes:
- Que había tiempos de espera extraordinariamente cortos (prometidos por médicos y hospitales de la RPC) para que los órganos estuvieran disponibles para el trasplante;
- Que se torturaba a practicantes de Falun Gong y a uigures;
- Que existían pruebas numéricas acumuladas (excluidos los datos espurios de la RPC) que indicaban:
- el número de operaciones de trasplante realizadas, y
- la imposibilidad de que hubiera suficientes "donantes aptos" en el marco del recién creado programa de donantes voluntarios de la RPC para ese número de operaciones de trasplante;
- Que había un desarrollo masivo de infraestructuras de instalaciones y personal médico para operaciones de trasplante de órganos, a menudo iniciado antes incluso de que se planificara cualquier sistema de donantes voluntarios; que había pruebas directas e indirectas de extracción forzada de órganos
Estas conclusiones individuales, cuando se combinaron, llevaron a la inevitable conclusión final de
que:
La extracción forzosa de órganos se ha cometido durante años en toda China a una escala
significativa y que los practicantes de Falun Gong han sido una fuente -y probablemente la
principal- de suministro de órganos. La persecución concertada y las pruebas médicas de los uigures
son más recientes y es posible que en su momento surjan pruebas de la extracción forzada de órganos
a este grupo. El Tribunal no ha tenido pruebas de que la importante infraestructura asociada a la
industria china de trasplantes haya sido desmantelada y, a falta de una explicación satisfactoria
sobre la fuente de órganos fácilmente disponibles, concluye que la extracción forzada de órganos
continúa hasta hoy.
El Tribunal consideró si esto constituía un delito de genocidio; tanto los practicantes de Falun
Gong como los uigures de la República Popular China pueden considerarse "grupos" a efectos del
delito de genocidio.
En el caso de los practicantes de Falun Gong, los siguientes elementos del delito de genocidio están
claramente establecidos:
- Asesinato de miembros del grupo;
- Causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo.
Así pues, salvo uno de los elementos del delito, el genocidio está, sobre la base del asesoramiento
jurídico recibido, claramente probado a satisfacción del Tribunal.
El elemento restante requerido para probar el crimen es la intención específica de genocidio.
Aceptando el asesoramiento jurídico sobre la prueba de esta intención, el Tribunal no puede estar
seguro de que la intención requerida esté probada y, por tanto, no puede estar seguro de que el
genocidio en sí mismo esté probado.
El Tribunal desea señalar que la intención específica no hace necesariamente que un crimen de
genocidio sea peor en maldad real que un crimen contra la humanidad individual probado por el mismo
conjunto de hechos.
El Tribunal señala que la extracción forzada de órganos es de una maldad sin parangón, incluso
comparada -muerte por muerte- con los asesinatos por crímenes masivos cometidos en el siglo pasado.
Hay una creencia justificable en las mentes de algunos o muchos -que se eleva a probabilidad o alta
probabilidad- de que se ha cometido genocidio.
En consonancia con esto, y teniendo en cuenta las pruebas y la ley, no cabe duda de que quienes
tienen el poder de iniciar investigaciones y procedimientos en tribunales internacionales o en la
ONU tienen el deber de comprobar si se ha cometido genocidio. Deben actuar de inmediato para
determinar la responsabilidad por cualquier acto contrario a las disposiciones de la Convención
sobre el genocidio.
La comisión de crímenes contra la humanidad contra Falun Gong y los uigures ha quedado demostrada
más allá de toda duda razonable mediante la prueba de uno o más de los siguientes actos, componentes
legalmente exigidos:
- asesinato;
- exterminio;
- encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional;
- tortura;
- violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
- persecución por motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales o religiosos reconocidos universalmente como inadmisibles en virtud del derecho internacional; y
- desaparición forzada;
en el curso de un ataque o ataques generalizados y sistemáticos contra Falun Gong y los uigures.
En cuanto a los uigures, el Tribunal tenía evidencia de pruebas médicas a una escala que podría
permitirles, entre otros usos, convertirse en un "banco de órganos". El mundo ya está pendiente de
sus intereses, y su situación geográfica -aunque muy extensa- puede hacer que sea más fácil
prestarles apoyo que a los practicantes de Falun Gong, que están dispersos por todo el país.
Los gobiernos y los organismos internacionales deben cumplir con su deber no solo en lo que se
refiere a la posible acusación de genocidio, sino también en lo que se refiere a los crímenes contra
la humanidad, que el Tribunal no permite que sean menos atroces. Suponiendo que no cumplan con su
deber, el ciudadano, normalmente impotente, es, en la era de Internet, más poderoso de lo que puede
reconocer. La criminalidad de este orden puede permitir que individuos de todo el mundo actúen
conjuntamente para presionar a los gobiernos de modo que éstos y otros organismos internacionales
sean incapaces de no actuar.
Gobiernos y cualquiera que interactúe de forma sustancial con la RPC, incluidos:
- Médicos e instituciones médicas;
- La industria y las empresas, en particular las compañías aéreas, las empresas de viajes, las empresas de servicios financieros, los bufetes de abogados y las empresas farmacéuticas y de seguros, así como los turistas individuales;
- Centros educativos;
- Establecimientos artísticos;
deben reconocer ahora que, en la medida revelada anteriormente, están interactuando con un Estado
criminal.
17 de junio de 2019
Ayúdenos firmando la petición
Por el fin de la persecución a Falun Dafa (Falun Gong)
